Comentarios a una sentencia anunciada (Libro PDF)

Queridas lectoras, queridos lectores:

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La presente obra es fruto del esfuerzo de juristas de gran reconocimiento en el área del derecho penal y proceso penal, así como de áreas afines con el propósito de analizar la sentencia pronunciada en los autos de la Acción Penal que se tramitó en la 13ª Sala Criminal de la Justicia Federal en Curitiba, PR.

El golpe de Estado perpetrado contra la Constitución Federal y la democracia en Brasil en 2016, retirando de la Presidencia de la República a Dilma Rousseff, dio inicio a un gigantesco proceso de retroceso de los derechos económicos y sociales del pueblo brasileño.

La resistencia se verifica en las calles, plazas, escuelas, teatros, colegios, universidades, sindicatos, así como en las grandes movilizaciones populares organizadas por el Frente Brasil Popular. El descontento con el golpe es creciente e impulsa la toma de posición de las personas comprometidas con los principios éticos, con el objetivo del retorno al Estado Democrático y Social de Derecho. Este libro con más de un centenar de textos es expresión de dicha toma de posición frente a la arbitrariedad de quien debería cumplir la Ley y la Carta Magna.

La sentencia pronunciada, de 238 páginas, expone de forma clara la opción del juez por la radicalización y el uso del Derecho con fines  políticos. Demuestra, sin recelo, una nítida adopción del proceso penal de excepción, propio de los regímenes autoritarios.

La fragilidad de la técnica jurídica empleada en la toma de decisiones revela la inseguridad, la incerteza y la maleabilidad que permean los actos cometidos en los procesos instigados contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Este proceso penal/político llevado a cabo por el Ministerio Público Federal es histórico y será, a lo largo de los próximos años, objeto de estudios de grado y posgrado en Brasil y en el exterior. Además de la sentencia analizada en los textos que siguen, reconociendo la complejidad de la sociedad brasileña –históricamente oligárquica y desigual en el acceso a la justicia y sistemáticamente corrupta–, las conquistas resultantes del principio del debido proceso legal son aún más fundamentales, son garantías irrenunciables de las que emanan el estado de inocencia, la imparcialidad del juez, la demostración de las decisiones, la prohibición de la prueba ilícita, la uniformidad, la publicidad de los actos procesales, la inadaptabilidad de la jurisdicción, la amplia defensa y la asistencia jurídica.

La Constitución brasileña y la amplia legislación de amparo infra constitucional aseguran lo que es consenso universal, dispuesto en el artículo 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a una audiencia justa y pública por parte de un tribunal independiente e imparcial, no habiendo hipótesis que pueda justificar un juicio excepcional.

El esfuerzo de la sociedad mundial para crear un marco internacional de combate a la corrupción ocurre desde hace décadas, en el sentido de enfrentar un mal que es trasnacional y que acompaña los flujos económicos y financieros del capitalismo neoliberal –marcado por la financiarización, la transnacionalización y la acumulación sin
precedentes de la riqueza y del poder en manos privadas.

Los cánones internacionales son complejos y cuidadosos de manera que la gobernabilidad no sea afectada, como tampoco la sustentabilidad de las instituciones y los procesos políticos y económicos, de modo que el combate a la corrupción en cada sociedad, y también en Brasil, exige comprender el Estado y la Administración Pública de modo igualmente sistémico, no siendo tarea de un único Poder de la República.

Los sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público, al justificar la necesidad del uso de medios y métodos heterodoxos, transitando indiscriminadamente entre el derecho y la política, crean situaciones procesales inéditas de falta de respeto a las reglas elementales del proceso democrático para combatir “enemigos corruptos y corruptores”, y lo hacen mediante innovaciones procesales como el uso indiscriminado de la conducción coercitiva, de la prisión preventiva, de la aceptación de pruebas ilícitas, pruebas selectivas e indicios como prueba, de la delación premiada en condiciones extremas, situaciones que transforman el proceso en un juicio de excepción, corrompiendo las funciones acusatorias y de juicio natural, por lo que no es irracional hablar de corrupción del sistema de justicia.

La corrupción es un fenómeno social, político, económico y, como se ha visto, también jurídico y que afecta a todos, mina las instituciones democráticas, retarda el desarrollo económico y debilita la gobernabilidad.

La corrupción, en todas las esferas, precisa ser combatida firmemente, pero nunca a costa de los derechos fundamentales conquistados tan duramente en años de lucha contra la opresión y la arbitrariedad.

Y tampoco nunca a costa del desarrollo económico del país, ya que, como ocurre en la operación símbolo de combate a la corrupción en Brasil, denominada Operación Lava Jato, muchas veces no se tuvo en cuenta las consecuencias de la interrupción o suspensión de las actividades de las empresas investigadas, su imagen e inserción en los
sectores productivos del país, todo esto producido en juicio de primer grado de jurisdicción.

El exceso de castigo promovido por sectores dentro del Sistema de Justicia, cometido libremente y sin la debida corrección, sin la lectura consecuencial de sus acciones para la integridad de Brasil, pone en riesgo otras instituciones y poderes democráticos, dado que, siendo cometido por el propio Poder Judicial, será inevitablemente tomado como ejemplo de impunidad, de que nada ocurrirá con la actuación que suspende la aplicación de la ley, exceptuando al Estado de Derecho, con consecuencias gravísimas, como los casos recientes de masacre en el campo y el aumento de la violencia y represión a los movimientos sociales y trabajadores en ejercicio del derecho de huelga.

Importa denunciar el papel de los medios televisivos en este proceso penal de excepción. La sentencia dictada contra Luiz Inácio Lula da Silva es un claro ejemplo del esfuerzo llevado a cabo por parte de la prensa comprometida con intereses económicos, aliada a la noción del derecho penal del enemigo, que se permite relativizar principios
fundamentales del Derecho Constitucional, del Derecho Penal y del Proceso Penal.

Los medios hegemónicos, tanto televisivos como escritos, con la pretensión de reforzar y justificar el uso de métodos excepcionales en el sistema de Justicia, con la finalidad de convencer a la opinión pública sobre la necesidad de una “justicia justicialista”, contra un “enemigo común”, ataca el núcleo de la democracia.

Para estos medios concentrados en manos de pocas familias propietarias, claramente comprometidos con sectores económicos dentro y fuera de Brasil, la corrupción es tratada como un método adoptado por políticos y partidos escogidos de manera selectiva, normalmente del campo de la izquierda, evidenciando la alianza de sectores de los
medios con otros políticos con miras a las elecciones y a la gobernabilidad para atender a los intereses privados.

Hay que repudiar al periodismo practicado por empresas de telecomunicación y periodísticas que, igualmente corrompidas y corruptoras, mantienen, engañan y violan el derecho a la información y a la verdad de los hechos, siendo corresponsables por la inestabilidad institucional y política de Brasil, cómplices del aumento del autoritarismo,
de los retrocesos sociales y de la violencia; no es irrazonable hablar de corrupción de los medios en Brasil.

Los debates desatados en los diversos espacios sociales, las reflexiones sobre la ruptura de la democracia brasileña desde el golpe contra la Presidenta Dilma Rousseff y en el contexto de un poder legislativo antipopular y corrupto, aprobando medidas sociales que están entre las más severas que experimentó Brasil, habilitan también la pregunta hecha por muchos de los escritores reunidos en esta obra: si vivimos en un Estado democrático permeado por medidas de excepción o si, como entienden algunos, ya vivimos efectivamente en un Estado de excepción.

Además de la respuesta, de entender, según la mejor doctrina o filosofía política, lo que la teoría puede aportar a la realidad inexorable, creemos que es derecho y deber de todos los que defienden la democracia denunciar los difíciles itinerarios del autoritarismo que, salvando las distinciones en cada tiempo histórico, todavía funciona marcado por las permanencias de una transición democrática defectuosa, pactada e incompleta desde la lucha por la amnistía hasta los días actuales, permanencias que también se revelan presentes en el sistema de justicia brasileño.

Y solamente superaremos el extraño estado de las cosas, la sensación de que vivimos fuera del derecho o con la suspensión del orden jurídico, con la devolución del país a los cauces de la democracia y que podremos rever lo que se hizo con el país en tan poco tiempo, perjudicando al pueblo brasileño hasta las últimas consecuencias.

Ciertamente con el debido tiempo histórico, todas las circunstancias que componen los autos serán comprendidos con mayor claridad, demostrando los motivos inconfesados que animan a la operación Lava Jato. La historia se encargará de rescatar a los que no tienen justicia. A los sepultureros de la Constitución restará el repudio y el oprobio del pueblo brasileño.

Esperamos que la lectura de este libro sirva de incentivo para la resistencia a la opresión y a la arbitrariedad.

Carol Proner y Ney Strozake
Frente Brasil de Juristas por la Democracia

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Um comentário sobre “Comentarios a una sentencia anunciada (Libro PDF)

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